CIUDAD DE MÉXICO.
Si el Parlamento británico y la primera ministra, Theresa May, hubieran logrado un acuerdo, el próximo 29 de marzo Gran Bretaña dejaría oficialmente la Unión Europea. Sin embargo, pese a las negociaciones, no hubo pactos, por lo que el jueves pasado se aplazó la salida para el 12 de abril.
Pero el aplazamiento no cambia el panorama económico y social que les espera a los británicos. Los costos de haber decidido salir del bloque europeo los pagarán de cualquier forma que se dé el Brexit.
Los legisladores ya rechazaron dos veces el pacto de divorcio, a pesar del intenso cabildeo que ha realizado May.
Otro punto pendiente por definir es el Backstop, es decir, una frontera abierta entre Irlanda del Norte (perteneciente a Reino Unido), y la República de Irlanda (parte de la UE).
Luego de que los ingleses votaron a favor del Brexit en junio de 2016, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, inició las negociaciones con la UE para fijar el mecanismo de salida de esta comunidad política y económica, donde incluyó el llamado Backstop o salvaguarda irlandesa.
Para evitar esto, la Unión Europea propuso la creación de una “red de seguridad”, pero con una condición, mantener a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera y del mercado único, mientras el resto de Reino Unido los abandona.
En el pleno de la Cámara de los Comunes se descartó esta condición que se ha convertido en el principal obstáculo y fuente de discusión de partidarios y detractores del plan de salida, al considerar que viola su integridad territorial y que llevaría a Irlanda del Norte a reglamentaciones europeas y no británicas.
Además, Reino Unido debe pagar 50 mil millones de dólares por los compromisos adquiridos como miembro del bloque.
De acuerdo con especialistas, se perderían más de 100 mil empleos, se verían afectadas las relaciones comerciales, pues actualmente 44% de las exportaciones británicas van a la UE, y también se avisora un éxodo empresarial.
Estos puntos mantienen a Gran Bretaña, todavía, en suspenso.
