BARCELONA.
Si no es el juicio más importante de la historia de la democracia española, se le parece mucho. Esta sensación de “momento histórico” es la que se percibe en España a sólo unos días de que comience el juicio contra el proceso independentista catalán.
Un juicio sin precedentes que sentará en el banquillo a 12 políticos soberanistas catalanes y que contará con más de 600 testigos, entre ellos el expresidente del gobierno Mariano Rajoy, varios alcaldes, diputados y diversos políticos españoles que desfilarán por el Tribunal Supremo, un lugar que durante tres meses se convertirá en el epicentro del conflicto legal, político y emocional entre el Estado español y el movimiento independentista catalán.
Debido a la gran expectación mediática (más de 600 periodistas nacionales e internacionales se han acreditado) este macrojuicio, que comienza este martes 12 de febrero, se transmitirá en vivo por televisión y streaming. Todo ello con un objetivo claro: que el juicio se celebre con “las máximas garantías de publicidad y transparencia”, indicaron desde el Tribunal Supremo.
Así, el tribunal responde a las dudas de imparcialidad por parte de los acusados y cierra la puerta a que haya observadores internacionales en el juicio, tal como pidieron las defensas.
Este es un juicio que tiene singularidades indiscutibles y consecuencias de índole internacional, por tanto, me parece positivo que se asegure la máxima publicidad y transparencia posible”, afirmó el portavoz de la asociación Juezas y Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch.
El exvicepresidente del gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y otros 10 líderes independentistas, en prisión preventiva desde hace un año, serán juzgados por, presuntamente, haber cometido delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
En otras palabras, se les acusa de haber aprobado leyes para romper con España, organizar y celebrar un referéndum ilegal y declarar unilateralmente la independencia en octubre de 2017.
Estos 12 acusados son, en su gran mayoría, los protagonistas políticos de lo que se ha llamado “el procés catalán”, esa estrategia política e institucional puesta en marcha desde Cataluña para conseguir independizarse de España. El gran ausente de este juicio será el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra prófugo en Bélgica, al igual que otros seis políticos procesados.
LA VIOLENCIA
Una de las cuestiones más relevantes del juicio será dilucidar si los acusados hicieron uso o no de la violencia para intentar alcanzar su objetivo. La respuesta será la clave que vertebrará el juicio. Por un lado, la Fiscalía considera que esto es incuestionable, y, por el otro, los abogados defensores sostienen que nunca existió agresión.
Será un juicio de una gran trascendencia política, dentro y fuera de España. Conscientes de ello, desde el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, aseguran que el juicio será “justo y con todas las garantías”.
Una afirmación que intenta responder a las acusaciones del movimiento independentista que lo califica de “juicio político”.
Si en algo coinciden los analistas es que se trata de un juicio altamente “politizado” que pondrá a prueba a la justicia española y la separación de poderes. “España se juega su reputación internacional, pero también salir del pantano en que llevamos enfangados por lo menos desde 2012”, escribió hace unos días el periodista y filósofo Josep Ramoneda.
A un día de que inicie el juicio, la mayoría de los abogados defensores de los dirigentes independentistas considera que la sentencia está cantada. Es por eso que ya miran hacia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que apelarán la sentencia.
Mientras tanto, la fachada principal del Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa de París en Madrid, está rodeada de vallas.
Es la parte más visible del dispositivo de seguridad que se desplegará en la zona durante los tres meses que durará el juicio.
Se prevé que todo el proceso termine antes de la campaña electoral de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo y que la sentencia se dicte antes de agosto.
Estamos a las puertas de un juicio que —como escribió Ramoneda— certifica “un gran fracaso: la incapacidad de unos y otros de dar una salida política al conflicto catalán”.
