CIUDAD DE MÉXICO
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles permitir a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) realizar consultas de manera periódico y exhaustiva en las bases de datos o registros de cualquier instalación o cuartel militar o policial del país y en embajadas, consulados, o cualquier instalación diplomática, y centros de culto religioso para ubicar a personas no localizadas.
Asimismo, en el dictamen aprobado en sesión de este miércoles por la noche, se autoriza a la Comisión ejecutar, “sin restricciones, inspecciones físicas, excavaciones y apertura de muebles e inmuebles de instituciones públicas para ubicar a personas no localizadas”.
Las modificaciones hechas al artículo 53 y 94 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, permitirán “fortalecer la detección de posibles restos humanos”, de acuerdo al dictamen.
También autorizan a la dependencia de la Secretaría de Gobernación buscar en lugares donde se pueda acceder de manera física o a través de la información contenida en plataformas, registros y bases de datos que contengan información que pueda contribuir a la localización e identificación de las personas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Sólo en el caso de las embajadas, se estableció que las inspecciones no se podrán realizar sin la autorización del responsable de la misma, pues durante la discusión el diputado del PRI, Rubén Moreira, señaló que dichas sedes diplomáticas se consideran territorios extranjeros.
Entiendo el sentido y la importancia (de la búsqueda de personas no localizadas), pero no conozco casos en donde la misma embajada señale que ahí está la persona asilada”, dijo.
En tanto, la diputada panista María Del Rosario Guzmán solicitó conocer cuál fue la motivación de incluir centros de culto, como iglesias y templos.
Por su parte, expresidenta del INAI, la diputada priista Ximena Puente De La Mora, consideró que acceder a los registros de las instituciones podría ser delicado porque podría violar el derecho constitucional al resguardo de la información.
jcs
