29 de Octubre de 2018
Para aclarar, los derechos de los ciudadanos están señalados en el artículo 35 de nuestra Constitución federal, son ocho fracciones que establecen el derecho a votar y ser votado para cargos de elección popular; cómo asociarse para tomar parte en los asuntos políticos; cómo defender mediante las armas a México; ejercer el derecho de petición; poder ser designado para empleos públicos; proponer iniciativas de ley, y el tema que nos ocupa, votar en consultas populares mediante un proceso señalado en siete numerales que detallan una serie de requisitos propios de gobiernos en funciones y a petición del Presidente, el 33% de cualquiera de las cámaras o el 2% de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (sólo con aprobación de la mayoría de cada cámara).
Existe una regulación pormenorizada sobre cuáles temas no pueden estar sujetos a consulta, siendo estos monopolio del Poder Ejecutivo, además de las fechas únicas para hacerla, los medios de impugnación y declaración de resultados.
La regulación de la vida activa de los ciudadanos en democracia sobre los temas que inciden en el uso del erario es muy limitada en México, aun habiendo elegido a nuestros representantes populares y al titular del Ejecutivo, los ciudadanos debemos estar presentes en las decisiones que tome el gobierno con nuestros recursos.
Los ciudadanos somos la parte más importante de la sociedad, somos el bálsamo que legitima la acción gubernamental. Nunca antes en la historia de México un gobierno de transición, en su calidad de ciudadanos, había convocado a otros para ejercer la democracia participativa.
No se confundan, la consulta sobre el Aeropuerto Internacional de México no está fundamentada sobre las limitadas bases que establece la Constitución, es un ejercicio ciudadano, entre particulares.
No es una consulta popular a la que se refiere el 35 constitucional, no es un referéndum, no es un plebiscito. Cada uno de estos conceptos tiene un tratamiento legal especial, se organiza institucionalmente desde el Estado; la consulta sobre el aeropuerto no entra en esa categoría, es más legítima, la gente decide participar.
En redes sociales, durante la jornada de la consulta, hubo ejemplos expuestos públicamente de tramposos y corruptos que exhibieron la posibilidad de votar tres o cinco veces, eso precisamente es lo que queremos acabar en México, la trapacería, la prepotencia, el abuso. Lograron evidenciar su ADN natural del que no se han podido despojar, engañan por adoctrinamiento, los traiciona su instinto delictuoso, la práctica antidemocrática.
Mientras existen varios escenarios álgidos en el país, 180 mil damnificados en Nayarit; cinco mil hermanos centroamericanos migrando al norte, también hay historias de obras de corrupción de este sexenio y de los dos pasados que jamás se consultaron al pueblo de México y que hoy siguen en absoluta impunidad.
Vicente Fox, quien pasó a la historia por sólo dar continuidad a un régimen corrupto, ha sido férreo adversario a las prácticas ciudadanas y populares. Quizá habrá que poner a consideración de una consulta la viabilidad de una profunda investigación sobre el público y evidente incremento de su millonaria fortuna.
Es claro que la Constitución, eventualmente, tendrá que regular estas figuras de democracia participativa ciudadana, donde las reglas fortalezcan su naciente y exitosa finalidad, dar certeza y transparencia al pueblo sobre lo que el gobierno hace con sus recursos.
Imagine usted, apreciado lector, consultar sobre obras faraónicas y ociosas como la Estela de Luz, hospitales fantasma, licitaciones fraudulentas, estafa maestra, riquezas ilícitas, dinero dudoso en paraísos fiscales y un larguísimo etcétera.
El lago de Texcoco tiene un tufo irrespirable a corrupción. ¿Por qué no merecería una consulta? ¿Quién teme? La seguridad jurídica de los participantes está garantizada. Las consultas llegaron para quedarse, seamos partícipes de la transformación de México.
*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
