dos poderes contra uno; instituto de investigaciones jurídicas

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Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que aprobó recientemente el Congreso es “técnicamente deficiente”. Están el artículo 94 Constitucional, que habla de no reducción salarial a juzgadores y ministros, y está vinculado al primero Constitucional de no regresividad de los derechos adquiridos.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, apuntó que en realidad esta dinámica ha enfrentado a dos poderes contra uno.

“La pretensión del Poder Ejecutivo es impulsar una política pública, en este caso de acotamiento salarial; la facultad del Poder Legislativo es traducir esa política pública en una ley, y la facultad del Poder Judicial, sobre todo del Tribunal Constitucional, déjame decirlo así, de controlar la Constitucionalidad de esas dos decisiones, tanto de la política pública, como de la ley emitida por el legislativo”,

“De alguna manera dos de los poderes se alinean, tanto por lo que hace la famosa suspensión que otorgó el ministro Pérez Dayán, que no tiene fundamento legal, que dice expresamente que en materia de acciones no se suspenden los efectos de las leyes, y aun así, las suspendió; y por otro lado, fue imprudente, a mi juicio, la salida pública de esta Asociación Nacional de Jueces y Magistrados que salen un poco no sólo a defender, no solamente la discusión del tema salarial, sino el que no se revisen otros aspectos del Poder Judicial, que a mi juicio, sí deben ser revisados”.

Puntualizó que algunas leyes quedan en entredicho por decretar la reducción salarial.

Pedro Salazar Ugarte lo dijo así: Primer dato, los derechos adquiridos, “cuando me contrataron para esta función pública me dijeron que, por la responsabilidad que voy a asumir, mi remuneración estará por arriba de los 108 mil pesos; por lo tanto no me pueden reducir”.

Además, en el caso de los ministros y de los juzgadores en general es particularmente interesante, porque “hay disposición Constitucional de no reducción salarial en el artículo 94, con un argumento anclado al artículo primero Constitucional, que habla de la no regresividad de los derechos adquiridos”.

Finalmente dijo que una buena lógica es que quienes entren después de aprobado el Presupuesto 2019, son a quienes les deberían ajustar la reducción.

El presidente López Obrador planteó que el tema sea analizado por el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM y arroje luz sobre quién tiene la razón.

Reprueba agresión a funcionario

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que hay diferencias con el Poder Judicial Federal por el tema de los altos salarios, pero el debate debe darse de manera pacífica.

Al afirmar que la relación con todos los poderes es buena, el Presidente se pronunció contra cualquier tipo de agresión, luego de que el pasado jueves un funcionario judicial, al salir de la Suprema Corte fue agredido por ciudadanos al confundirlo con un ministro.





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