07 de Enero de 2019
Por Fernando Belaunzarán*
El saldo electoral no sólo trajo de regreso la hegemonía presidencial, también exhibió y agudizó la crisis de los partidos tradicionales que acordaron la transición democrática a fines siglo pasado. Así que, además de una concentración de poder formal y de facto del Ejecutivo que no se veía desde el segundo trienio de Carlos Salinas, estamos ante la ausencia de una oposición sólida, creíble y con la suficiente fuerza como para evitar por separado y sin el respaldo de la opinión pública la imposición de un régimen de corte autoritario.
Lo que se construyó en la pluralidad, ahora puede ser deshecho unilateralmente. Eso se debe a la nueva correlación de fuerzas, producto de una holgada victoria de Morena, así como a ciertas maniobras que permitieron a la coalición gobernante sobrerrepresentarse en la Cámara de Diputados con casi 20% —el límite constitucional es de 8%—, pero eso no significa un cheque en blanco para redefinir al Estado mexicano y sus reglas de competencia política a discreción de una voluntad suprema que busca ampliar y asegurar su preeminencia en el futuro.
Los ganadores tienen la responsabilidad de aplicar su programa sin que eso signifique que las minorías arríen banderas y se conviertan en meros observadores testimoniales. Si bien el elemento emblemático de la democracia es el voto, son el diálogo, la negociación y el acuerdo los que la hacen funcional; y no me refiero sólo a los partidos, también la sociedad civil debe ser considerada e incluida en las definiciones, sobre todo en las de mayor calado, aquellas que impliquen cambios constitucionales, pues en la Carta Magna se expresa el pacto fundacional de la República, el cual debe estar por encima de las coyunturales y efímeras mayorías y minorías.
Preocupa la hostilidad hacia los contrapesos institucionales, el castigo a los órganos autónomos, la subordinación política de la procuración de justicia al Ejecutivo, la militarización constitucional de la seguridad pública, el fortalecimiento del centralismo a costa del federalismo, la intolerancia hacia la crítica periodística, la tendencia a la descalificación personal y estigmatizar la discrepancia desde el poder. Nada de eso compagina con un régimen democrático.
Y junto a la polarización promovida desde el poder, también es grave que se busque acabar con la equidad de las contiendas electorales, tal y como se desprende de la entrega de programas sociales basados en censos elaborados por estructuras partidarias al margen de reglas de operación, por no hablar de la pretensión del Presidente de aparecer en la boleta y hacer campaña sin contrincante en 2021, cuando se elegirán 13 gubernaturas, además de la renovación de la Cámara de Diputados.
Frente a tal panorama, la oposición debe partir de su autocrítica, entender no sólo su situación de debilidad sino además las razones por los que la ciudadanía los castigó. La transición se pervirtió por una pluralidad tornada en complicidad para cubrirse excesos, privilegios y corrupción. Hay cosas valiosas que preservar, pero el proyecto no puede ser regresar a la situación anterior. Por el contrario, debe ser alternativa de cambio, consecuente con sus planteamientos, abrirse al escrutinio público, no cobijar impresentables y vencer el sectarismo para conformar un amplio bloque opositor que incluya a ciudadanos sin partido, en torno a una agenda que ponga en el centro la defensa de la democracia, las libertades y los derechos humanos.
*Miembro de la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática
