El reto es la autonomía; en 1994 se inició la transformación del Poder Judicial

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CIUDAD DE MÉXICO.

En más de 20 años, el Poder Judicial de la Federación ha tenido una constante transformación y ha presentado también una serie de avances en el camino hacia una mayor independencia y autonomía, luego de que por casi siete décadas estuvo controlado por miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde la figura del Presidente de la República.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo de la Judicatura Federal, así como los juzgados y tribunales federales han conseguido cambios que en el pasado eran impensables, como detener decisiones presidenciales, invalidar leyes emitidas por el Congreso de la Unión o los congresos locales e, incluso, anular algunas elecciones.

Hasta 1994, la Suprema Corte estaba integrada por 26 ministros, pero en diciembre de ese año todo cambió. Con la asesoría de personajes como el exprocurador fiscal y ahora ministro Javier Laynez, el Sistema de Justicia fue transformado de forma radical.

Si bien la reforma al Poder Judicial impulsada por Ernesto Zedillo, con la que se redujo el tamaño de la Suprema Corte y se creó el Consejo de la Judicatura Federal, fue un paso a la apertura de la justicia mexicana, fue hasta 2003 cuando desde el gobierno panista llegó el primer ministro de la transición, propuesto por Vicente Fox: se trató de José Ramón Cossío, quien el próximo viernes 30 de noviembre concluye su cargo como miembro del máximo tribunal del país. Poco después, en febrero de 2004, llegó Margarita Luna Ramos a la Suprema Corte. 

Con una conformación combinada entre los ministros impulsados por Zedillo y los propuestos por gobiernos panistas, en las últimas dos décadas la SCJN ha impulsado criterios que han ampliado el respeto a los derechos humanos, como la garantía al debido proceso, el caso Acteal, la interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, la supremacía del interés superior del niño y el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar.

Por ejemplo, la entonces ministra Olga Sánchez Cordero promovió que se estableciera en la jurisprudencia mexicana que sí podía configurarse el delito de violación entre cónyuges, cuando resoluciones anteriores a 1995 iban en el camino contrario.

El halconazo también llegó al máximo tribunal del país y, luego de un fuerte debate, se rechazó crear una comisión investigadora para conocer la verdad histórica de la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971, presuntamente ordenada por el régimen de Luis Echeverría, y el caso se cerró en definitiva.

Los ministros también revisaron casos de violaciones a los derechos humanos, como el de San Salvador Atenco, el de Lydia Cacho, el de Nochixtlán, Oaxaca, y el de la Guardería ABC; en este último, muy polémico, por ocho votos contra tres, se determinó no fincar responsabilidades a los funcionarios acusados en el caso.

Las reformas aprobadas en 2011 fueron de tal relevancia que determinaron el inicio de la décima época del Poder Judicial de la Federación, la cual colocó a los derechos humanos en el centro de la actividad jurisdiccional.

Juan Silva Meza, entonces presidente de la Corte, fue el artífice de que se resolviera el denominado Caso Radilla, que resultó en la determinación de que los delitos cometidos por militares en agravio de civiles debían ser resueltos por la justicia civil, sea local o federal, y no por el fuero castrense. Incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) premió al alto tribunal por su labor en la defensa de los derechos humanos.

Para diciembre de 2012, con la salida de los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Salvador Aguirre Anguiano, sólo quedaban en funciones dos de los 11 ministros que iniciaron la nueva era en la Suprema Corte.

Este ciclo de transformación en el Poder Judicial de la Federación culminó tres años después con la salida de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, casi 21 años después de la trascendente y polémica reforma realizada al Sistema de Justicia Mexicano.

De acuerdo con los datos estadísticos, durante el apogeo del priismo, el presupuesto para el Poder Judicial alcanzó apenas 0.06% del total del presupuesto federal; al final del año 2000 ya era de 0.56%, y durante el foxismo se había casi duplicado, para llegar a 1% del presupuesto federal.

Luego de haber sido sometido por décadas a las decisiones tomadas desde Los Pinos, el Poder Judicial de la Federación ha logrado desde 2000, poco a poco, convertirse en un real contrapeso, e incluso ha prevalecido sobre los otros dos poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo.

La incidencia de la Suprema Corte, de los juzgados y tribunales federales en políticas públicas ha generado un amplio debate sobre los alcances e impacto de las sentencias de los ministros, magistrados y jueces.

El alto tribunal ha influido en asuntos relacionados con políticas públicas, en materia de salud, seguridad y educación; temas sobre la familia, sociales, financieros, de derechos humanos, controversias políticas y hasta en asuntos electorales.

Integrantes de la SCJN, como Margarita Luna, han asegurado que los ministros no tienen injerencia en la política pública, “independientemente de que en las resoluciones que emitamos como jueces constitucionales podamos incidir en ella.

“Me queda clarísimo que la aplicación de la Constitución y de la ley que diariamente efectúa este tribunal constitucional, y todos los tribunales jurisdiccionales inciden en la política pública, en eso estoy totalmente consciente de que así es, hay una incidencia, lo que no podemos pensar es en el diseño de esa política pública”, consideró Luna Ramos.

En contraparte, para José Ramón Cossío, es momento de que sus compañeros acepten que en el interior del máximo tribunal del país no únicamente se influye, sino que también diariamente se hace política pública a través de las determinaciones judiciales que repercuten de una u otra manera en la vida de los mexicanos.

“Me parece muy delicado suponer que la Corte no puede o sí puede participar en la política pública. Creo que un análisis mínimo nos lleva a darnos cuenta de que, todo el tiempo, en todas nuestras decisiones, hacemos política pública.

“Lo que pasa es que, me parece, hay un entendimiento pésimo, no de la Suprema Corte, sino en general, incluida la academia, de que la política pública es algo que corresponde a la administración o al legislador”, sostiene.

Ambos integrantes del alto tribunal fueron nominados por el panista Vicente Fox, primer presidente de la transición en México, y respaldados por el Senado. Los dos están a punto de concluir sus funciones.

Si bien no ha causado gran impacto en la opinión pública, el tema de la justicia electoral ha sido de vital importancia desde la conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados tienen el poder de calificar las elecciones e incluso de anularlas.

El caso Tabasco del año 2000 es emblemático; entonces, los magistrados de la Sala Superior declararon nula la elección, al identificar diversas violaciones graves durante el proceso electoral y, en particular, en el cómputo de los votos.

Algunas irregularidades tuvieron que ver con la falta de equidad en el acceso a los medios de comunicación, la apertura de paquetes electorales en varios distritos sin justificación alguna, así como acciones de compra y coacción del voto.

“Una elección sin legitimidad, en la que en sus etapas concurran intimidaciones, prohibiciones, vetos, inequidades, desinformación y violencia; en donde no estén garantizadas las libertades públicas ni los elementos indicados, no es ni representa la voluntad ciudadana.

“No puede ser basamento del Estado democrático, que como condición estableció el constituyente, no legitima a los favorecidos ni justifica una correcta renovación de poderes. Entonces, en los casos indicados anteriormente, la elección resulta nula”, concluyó el Tribunal al revocar la constancia de mayoría a Manuel Andrade Díaz, candidato priista a la gubernatura.

A pesar de este tipo de sentencias, el TEPJF también ha sido duramente criticado por sus decisiones; por ejemplo, al definir las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, cuando otorgó el triunfo a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente.

La última conformación del Tribunal también fue duramente criticada por sus sentencias favorables hacia el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, para que pudiera participar en la contienda presidencial, pese al cúmulo de pruebas de fraude en las firmas recabadas para lograr su candidatura (y la de otros aspirantes independientes).

Sin embargo, en agosto pasado, tras una elección en la que fueron mínimas las impugnaciones a los resultados del 1 de julio, se declaró presidente electo a Andrés Manuel López Obrador; determinación unánime de los magistrados electorales, la cual fue sumamente aplaudida.

Para Javier Martín Reyes, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es imperativo que en la justicia electoral existan sentencias claras y coherentes, que tomen en serio la importancia de la autonomía judicial.

La evolución del Poder Judicial  también ha dado paso a que la sociedad civil organizada vigile con lupa la actuación de los juzgadores, pero también que busque influir y participar en la designación de los ministros.

Como ejemplo está el movimiento Por una Corte #SinCuotasNiCuates, el cual ha intentado evitar la llegada a la cúpula del Poder Judicial de personajes ligados a la Presidencia en turno, como Eduardo Medina Mora, quien sí logró ser ministro, o el frustrado intento de convertirse en ministro de Raúl Cervantes, exprocurador General de la República.

Académicos y especialistas hicieron un llamado al Senado a escuchar a la sociedad y a ser transparentes durante el proceso de designación de los nuevos ministros de la Corte, que deberán ocupar los lugares que este mes dejen José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos.

Para José Antonio Estrada, de la Universidad La Salle, y Javier Martín Reyes, del CIDE, los senadores deben tomarse en serio la revisión de los perfiles de quienes sean propuestos por el Ejecutivo a la SCJN, así como evitar las cuotas políticas y corregir las desviaciones del pasado.

“Los procesos de designación poseen una intencionalidad política; actualmente es necesario pensar cómo generar un mejor espacio deliberativo para las propuestas enviadas al Senado”, señaló Martín Reyes.

También se han hecho llamados para que las ternas se integren con perfiles profesionales, con amplio conocimiento en la materia y, sobre todo, sin evidentes conflictos de interés; y se ha pedido al Ejecutivo y al Senado un procedimiento razonado y, además, transparente.

Los expertos proponen al Senado abrir el proceso de auscultación a una consulta ciudadana y de especialistas, y que se aproveche al máximo el escaso tiempo para valorar los perfiles propuestos por el Presidente.





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