CIUDAD DE MÉXICO.
México ha perdido una lucha histórica en materia de emigración, pero puede contener de manera inteligente y correcta el desafío inmigrante. Para ello, hay que distinguir dónde está situado el punto rojo en esta materia.
El arribo de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero de 2017, no acentuó el reto que supone la masiva salida de mexicanos indocumentados hacia aquel país. La verdadera alerta migratoria estaba desde entonces en el sur de nuestra República. Se trata de un gigantesco desafío político, económico y cultural generado por la inmigración, que mira en México una estratégica referencia.
Son dos frentes. El primero lo abrieron los mexicanos desde hace décadas cuando se entendió que huir hacia el norte resultaba una opción en el legítimo derecho de vivir mejor. El segundo es reciente y más complejo; pareciera que miles de centroamericanos quieren vivir en los espacios abandonados por nuestros connacionales.
Para bien o para mal, el gobierno se ha preparado desde hace tiempo con una red de apoyo a sus emigrantes en Estados Unidos. Los 45 consulados asumen estructuralmente dicha tarea, seguramente con la certeza de que enfrentan una lucha perdida de antemano, pues resulta en extremo difícil proteger a millones de conciudadanos que ingresan sin documentos a dicho país, que se esconden para no ser deportados y que dudan de la asistencia consular a pesar de los abusos enfrentados por parte de los agentes migratorios, la violencia de grupos xenófobos, su explotación laboral, la afectación de su salud y en general las limitaciones que supone la barrera del idioma inglés. Todo mexicano sabe que cruzar esa frontera es un reto y lo asume.
Desde inicios de 2017 donde está encendido el punto rojo, donde México todavía no sabe qué hacer, es en el sur ante el incremento de ciudadanos centroamericanos que vienen buscando mejoras en su vida cotidiana. Se trata de un movimiento social para el que no estábamos preparados, quizá porque tampoco se ha entendido la migración interna que generan los propios mexicanos al cambiar de residencia de una localidad a otra o de una entidad a otra.
Los siguientes son algunos puntos para tejer el discurso que falta articular.
UNO
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), en 2018 había 38.5 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, de las cuales, 12.3 millones son migrantes nacidos en México. ¿Por qué tantos mexicanos se van? ¿Está obligado Estados Unidos a recibirlos? ¿Ya se tocó el límite? ¿Es diferente el discurso de Trump comparado con el que han tenido otros presidentes norteamericanos ante los inmigrantes indocumentados?
La imposibilidad para los mexicanos de residir de manera legal en Estados Unidos explica en gran medida por qué miles y miles cruzan sin documentos, incumpliendo las leyes de ese país. Como se sabe, un número elevado de aspirantes a insertarse en el American Way Life logra burlar los filtros formales e informales establecidos para impedirles el paso. Lo hacen casi siempre desplazados en pequeños núcleos que como hormigas se diluyen en la vastedad del territorio norteamericano, donde encuentran condiciones favorables para introducirse de manera “ilegal”. Estas fórmulas incluyen el cobijo de redes familiares que esperan al viajero, así como redes de delincuencia que trafican con la necesidad. Sin duda, el engrane funciona por los elevados niveles de corrupción en autoridades de ambos países.
Es por ello que el discurso electoral de Trump no incrementa el fuego dentro del infierno histórico habitado por esos connacionales migrantes. El mejor ejemplo de que las amenazas del Presidente estadunidense resultan relativas es que siempre ha habido deportaciones masivas de mexicanos, independientemente del inquilino en la Casa Blanca. Datos del Departamento de Seguridad Nacional indican que el presidente Obama es históricamente el mandatario que más deportaciones ha realizado: entre 2009 y 2013 deportó 2.7 millones de mexicanos.
Por ese motivo, se equivoca México y se equivocan muchos de sus analistas cuando concentran la atención de la agenda migratoria en la era Trump dentro del suelo estadunidense. Si nuestro gobierno no quiere que sus ciudadanos sufran humillaciones y violaciones a sus derechos humanos debería empezar por atender las razones de la emigración que básicamente son laborales, pero también de falta de oportunidades para acceder a mejores estadios en la calidad de vida.
La salida de conciudadanos para vivir mejor en otros países es un indicador de fracaso gubernamental, sobre todo expresa una frustración colectiva que, en sí misma, también debería ocuparle al fallido estado de bienestar nacional.
DOS
Una segunda lectura del problema migratorio que nuestro país no ha podido afrontar radica en la poca valoración que recibe la migración interna; es decir, el desplazamiento permanente de la población que cambia de residencia por infinidad de motivos en pequeños asentamientos, pueblos, ciudades y entidades de todo el país. Se trata de una realidad histórica que es el antecedente de la emigración.
Esta movilidad originada por múltiples necesidades constituye una garantía del Estado de derecho, a través del principio establecido dentro del Artículo 11 Constitucional que a la letra sentencia: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. Prerrogativa que, sin embargo, está dejándose de atender porque hoy día los mexicanos para desplazarnos dentro de nuestro propio país necesitamos hacerlo con identidad y comprobar que esa identidad es real.
La razón por la cual este derecho está siendo limitado podría entenderse en el mismo texto constitucional donde se advierte que el libre tránsito queda acotado a “las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.
Lo cierto es que ese candado se usa arbitrariamente por muchos de los agentes migratorios para justificar detenciones arbitrarias en contra de conciudadanos por su color de piel, vestimenta y en general por su apariencia, al grado de que si carecen de documentos son frecuentemente detenidos o retenidos momentáneamente hasta que prueben ser mexicanos. ¿Tienen la culpa los habitantes del sureste por compartir rasgos con habitantes centroamericanos que son buscados desesperadamente para retornarlos a sus países de origen?
Viajar sin credencial de elector teniendo una fisonomía o apariencia prejuiciada por parte de los agentes migratorios nulifica el 11 Constitucional. De hecho, resulta imposible para cualquier habitante del sureste salir de sus casas sin esa mica, porque no podrán realizar trámites tan ordinarios como ingresar a las oficinas públicas, ni mucho menos otras de carácter privado, incluida la libertad de viajar. Identificarse para cualquier trámite, incluso para abordar el transporte público, conlleva una agresión de facto que minimiza el derecho de libre tránsito.
Y si desplazarse de manera cotidiana ya constituye una dificultad, cambiar de residencia de manera temporal o definitiva, dentro del propio país, está resultando cada vez más complicado.
Puede entenderse que en otros países los mexicanos estén obligados a identificarse, pero que deban hacerlo dentro del suyo para acceder a derechos tan
básicos como transitar o acudir al servicio médico debería preocuparnos.
En los aeropuertos del norte es común la detención, “para revisión”, de mexicanos que viajan por avión, pero cuya apariencia no sólo ante los agentes migratorios, sino también ante la Policía Federal, los proyecta como centroamericanos. Esto es todavía más escandaloso en los estados del sur donde los agentes migratorios suben a los autobuses de pasajeros buscando migrantes a los cuales confunden con mexicanos, mediante acciones abiertamente discriminadoras ya que sólo algunos viajeros, los de piel morena, baja estatura y ropa humilde, son cuestionados sobre su nacionalidad.
Se trata de un asunto de migración interna que violenta derechos constitucionales y que potencialmente debería alarmar mucho más que el discurso xenófobo de Trump; sobre todo porque la exigencia de documentos de identidad a ciudadanos foráneos en ya prácticamente todos los servicios públicos y privados está erosionando principios de credibilidad, para privilegiar los de la duda o la sospecha.
Migrar dentro del país y sin documentos es expresión de la cotidianidad en que se desenvuelven cientos de miles de indígenas o jornaleros todos los días en busca de ingresos. Esto sin considerar que también existen ciudadanos en condiciones parecidas dentro de las grandes ciudades; es decir, mexicanos sin acta de nacimiento marginados de los programas sociales donde sin una identificación oficial no hay manera de recibir los beneficios del servicio público.
No se trata de un dato demográfico menor, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó en enero pasado que un millón tres mil 702 personas carecen de acta de nacimiento.
Tener que identificarse como mexicano para acceder a los servicios públicos, sobre todo para comprobar que no sé es extranjero dentro del país, constituye una experiencia peor que si se viviera en otro país. Y esto debe ser comprendido como una alerta importante por parte de las autoridades migratorias empecinadas en capturar al mayor número de centroamericanos ilegales.
Desafortunadamente, sólo algunos de estos casos han sido documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que así lo ha dejado asentado en diversas recomendaciones dirigidas al Instituto Nacional de Migración.
Como ejemplo de esta realidad puede consultarse la Recomendación No. 58/2015 relativa a la violación de los derechos humanos, la seguridad jurídica, la libertad personal y de tránsito de 15 ciudadanos mexicanos por parte del INM.
La CNDH probó que las revisiones migratorias, de estancia y resolución orientadas a extranjeros internados ilegalmente en el país también afectan a ciudadanos mexicanos, sobre todo a los más vulnerables por carecer de documentos de identidad o no hablar español. Tratar a mexicanos como si fueran extranjeros dentro de su país conllevó humillaciones y diversas vejaciones, además de que se violentaron sus garantías constitucionales. Otras recomendaciones similares por parte de la CNDH ya han denunciado estos abusos, pero en el caso de la 58/2015 el hecho resulta relevante ya que se documentaron el mismo año en varias ciudades, como si se tratara de una acción concertada.
¿Por qué la migra mexicana hace esto con sus paisanos? Sin duda, porque cree que lo puede hacer, porque de alguna manera ha educado a su personal a comportarse así, sin sensibilidad, sin importarle el Estado de derecho y mucho menos creerle a la palabra de los más desprotegidos dentro de la República. De acuerdo a la CNDH, los ciudadanos aseguraron ser mexicanos y los agentes migratorios no les creyeron, pero tampoco se ocuparon de verificar la autenticidad de la afirmación. Dice la Comisión en su recomendación que ese trámite no puede ser mayor a tres días.
Un punto singularmente señalado por la Comisión es que, en sus reportes, los empleados del INM mintieron para justificar el trato dado a los ciudadanos mexicanos argumentando que inicialmente se reconocieron extranjeros o que, de plano, dudaron de la veracidad de los documentos con los cuales buscaron identificarse.
La redacción del documento emitido por la CNDH señala que: “La autoridad migratoria al momento de realizar las revisiones migratorias en estados que cuentan con comunidades indígenas o bien, cuando se trate de personas en alguna situación de vulnerabilidad (por ejemplo, adolescentes en contexto de migración no acompañados), deben tomar en consideración el contexto cultural en el que se encuentran las personas, no desestimar los documentos que presenten para acreditar su nacionalidad y que los elementos para determinar trasladar a una persona a un recinto migratorio sean objetivos”.
Asimismo, en esta recomendación se establece que los mexicanos afectados por el INM son víctimas a quienes se les debe reparar el daño ocasionado, de acuerdo con la ley en la materia. La relatoría que acompaña esta recomendación detalla cada uno de los procesos que enfrentaron estos conciudadanos por parte del personal migratorio. Un infierno peor al que Trump ofreció durante su campaña electoral de 2016.
TRES
El comportamiento de los agentes migratorios es inaceptable porque atenta en contra de mexicanos y, además, vulnera los principios constitucionales y jurídicos suscritos por el país ante los extranjeros que encuentran motivos para internarse en México.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en México los migrantes son particularmente vulnerables a la discriminación. En primer lugar, señala, porque se tiene la falsa percepción de que las personas gozan de derechos dentro de su territorio y que los pierden al viajar sin documentos, por lo cual sufren abusos y vejaciones. En segundo, porque los migrantes “ilegales” cargan con una serie de estereotipos y estigmas que los relacionan con delincuentes o integrantes de bandas de alta peligrosidad y violencia.
A lo largo del territorio nacional se están cometiendo de manera sistemática violaciones a las garantías que el Estado de derecho ha previsto ofrecer a los inmigrantes. Existen indicios para suponer que estos agentes no lo hacen únicamente por iniciativa propia, sino de manera coordinada, lo cual podría derivarse de la existencia de una política de Estado específica.
Aquí el punto nodal estaría vinculado con el perfil del personal contratado por el INM; muchos de ellos corrompidos, sin vocación de servicio ni formación en materia de derechos humanos. Sin embargo, forman parte del instituto y reciben un sueldo, ¿será que tienen además instrucciones de hacer lo que hacen?
El instituto ha informado de sus operativos de contraloría o atención de denuncias por los cuales ha retirado del servicio a más de tres mil agentes migratorios y personal administrativo vinculados con actos de corrupción, abusos físicos y extorsiones a los migrantes. Se trata, por cierto, de un problema observable en todos los niveles de mando.
En una de las abundantes recomendaciones emitidas por la CNDH contra el INM, la 54/2012, se documenta el caso de acoso sexual del entonces delegado del instituto en el municipio de Tenosique, Tabasco, quien ofreció regularizar su residencia en el país a una menor hondureña, de 15 años, a cambio de favores sexuales. La recomendación narra dos intentos fallidos de abuso y refiere que estaban al tanto de este acecho otros empleados del INM en dicho municipio. La recomendación no pudo ser negada y en consecuencia se aceptó.
Esta historia se repitió poco después en la estación migratoria de San Luis Potosí. Allí la víctima fue otra jovencita hondureña, pero de 16 años. En la recomendación 17/2014 la CNDH relata que el delegado del INM, en estado de ebriedad, abusó sexualmente de ella, estando bajo su custodia antes de emprender el “retorno asistido” a su país de origen. La recomendación también fue aceptada.
Se trata de dos casos que documentan esa realidad por muchos desconocida, que no imaginan o que de plano minimizan: un importante acecho a la población migrante lo realiza el personal contratado y pagado para regular la estadía de los ciudadanos extranjeros contra quienes se despliegan operativos que lastiman su integridad física mientras permanecen en México y que la CNDH ha logrado documentar. Estamos hablando de abuso, exceso y corrupción por parte del personal migratorio en estaciones de distintos puntos del país, particularmente del sureste.
CUATRO
En la Ley de Migración se establecen los principios que debe sustentar la política migratoria del Estado mexicano; sin embargo, muchos de los empleados y agentes migratorios no parecen conocerlos o de plano los desprecian si no es que, insisto, reciben indicaciones para pasarlos por alto.
Uno de esos principios resulta básico y plantea garantizar la vigencia de los derechos que se reclaman para los connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en el territorio nacional. Se trata de la respuesta política a una realidad inocultable: que debe haber congruencia entre lo que se reclama a Estados Unidos y lo que se hace con los extranjeros dentro del país.
Otro importante valor lo constituye el “respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada”. Aquí debe aclararse que, como todo país, el nuestro también asume la encomienda de regular el ingreso de extranjeros sin documentos ni trámites de residencia legal, por lo cual también ejerce su derecho a la deportación.
El marco jurídico federal en esta materia se sustenta en la Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, el Reglamento de la Ley de Migración y el Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.
También existen varios instrumentos internacionales suscritos por México: Convenio sobre los Trabajadores Migrantes, Convenio sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes, Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados y la Opinión Consultiva OC-21/14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como 12 leyes estatales sobre migración correspondientes a los estados de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.
CINCO
¿Cómo explicar que personal del INM incumpla el marco regulatorio en los operativos de sus agentes migratorios? Académicos y diversas organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, aseguran que México ha desplegado una política de contención que permite a Estados Unidos contar con una importante barrera que retrasa, desincentiva o de plano regresa migrantes cuyo destino era dicho país.
Amnistía Internacional denunció que México superó a Estados Unidos en expulsiones de personas migrantes provenientes de Centroamérica. De acuerdo con autoridades migratorias, entre 2017 y 2018, Estados Unidos deportó a 139 mil 452 centroamericanos y México a 141 mil 367.
A su vez, el Reporte del Observatorio de Legislación y Política Migratoria, intitulado “Programa Frontera Sur o la política de persecución de migrantes en México” y suscrito por la Dra. Alejandra Castañeda, establece que definitivamente sí existe una estrategia de contención por parte del gobierno mexicano y que ésta se está realizando a través del Programa Frontera Sur, puesto en marcha en 2014.
En 2015 las detenciones de migrantes centroamericanos realizadas por el gobierno mexicano equivalieron a 99% de los aseguramientos de dos años anteriores. Estos operativos han tenido como resultado, se lee en el reporte, el incremento en el número de migrantes detenidos, remitidos a las estaciones migratorias y repatriados. Y agrega: “Cabe resaltar que el lenguaje usado por las autoridades mexicanas para referirse a su trato a los migrantes en México es por demás engañoso. Lo que en Estados Unidos es denominado detención o aprehensión, en México se le llama rescate y aseguramiento; lo que en Estados Unidos se designa centro de detención migratorio (que funcionan como cárceles), en México se le denomina estación migratoria. Finalmente, cuando en México se reportan repatriaciones, a las que se sujeta a todos los asegurados/detenidos, a lo que se está refiriendo la autoridad es a la deportación”.
SEIS
Además de enfrentar, sortear o resistir los abusos de agentes migratorios y personal administrativo, los migrantes también enfrentan el acecho del crimen organizado. Habitualmente son víctimas de robo, tráfico y trata de personas, privación ilegal de su libertad, extorsión, explotación laboral, falsificación de documentos, violencia sexual y homicidios. Quizá el rostro más emblemático y lamentable de esta realidad lo constituyen las imágenes de los 72 migrantes centroamericanos masacrados en San Fernando, Tamaulipas, el 25 de agosto de 2010.
Reportes gubernamentales establecen que existe una estrategia federal para implementar operativos de control y verificación de la integridad física de los migrantes a lo largo de la ruta por la que transitan hacia Estados Unidos. Sin embargo, se añade, los migrantes también son violentados en establecimientos comerciales como bares, cantinas, centros nocturnos, hoteles, moteles y restaurantes.
En este permanente periplo ha sido importante la participación de organizaciones civiles preocupadas por el destino de los inmigrantes, pues es una verdad que el infierno para quienes buscan llegar a Estados Unidos inicia en nuestro país, donde en la práctica no puede todavía distinguirse entre migrante y refugiado.
En el estudio titulado “Seguridad y migración en las fronteras de México: diagnóstico y recomendaciones de política y cooperación regional”, a cargo de la directora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas, Guadalupe Correa-Cabrera, se asegura que ha sido en épocas recientes cuando el vínculo entre el crimen organizado y la migración indocumentada adquiere especial relevancia al aparecer rutas de narcotráfico que coinciden con las de los migrantes en su trayecto hacia Estados Unidos.
Se trata de una dinámica compleja porque al estrangulamiento que las autoridades fronterizas están realizando para contener el ingreso sobre todo de ciudadanos centroamericanos, los migrantes quedan expuestos al crimen organizado y recurren a sus servicios o de plano huyen de ellos. La investigadora cita al experto Raúl Benítez: “el crimen organizado va cooptando —y en ocasiones raptando— migrantes en dichas rutas de forma creciente, convirtiéndose en un problema de seguridad pública y de derechos humanos para el Estado mexicano”.
Al respecto, cabe señalar que la CNDH y múltiples organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de los migrantes han denunciado importantes violaciones a los derechos de los extranjeros durante su paso por México. De igual manera, los gobiernos de América Central han denunciado la desaparición de gran cantidad de personas víctimas de las organizaciones criminales, como los Zetas y el Cártel del Golfo, pues en las rutas carreteras que parten de Chiapas hacia Texas por los estados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas se ha detectado esta actividad de forma intensa. De esta manera, se ha securitizado el tema de la migración tanto en Estados Unidos como en México y Centroamérica”.
SIETE
De acuerdo con investigadores de El Colegio de la Frontera Norte, México ya no sólo es un país de tránsito, sino que se está convirtiendo en un destino principalmente para guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. El Compendio de Población migrante en condiciones de vulnerabilidad, que presentó la Secretaría de Gobernación en 2018, indica que en México las solicitudes de asilo pasaron de mil 296 a 14 mil 596 de 2013 a 2017. De las solicitudes de 2017, 8 mil 720 fueron hombres y 5 mil 876 mujeres.
La bomba que representa este fenómeno social se agudiza porque el gobierno no parece entender que la política migratoria debe ir más allá de contener extranjeros para evitar que lleguen a Estados Unidos. La ubicación geográfica está exponiendo al país a recibir migrantes por infinidad de motivos y no necesariamente oriundos de Centroamérica. En 2016, a Tijuana y Mexicali llegaron varios miles de migrantes de Ghana, Guinea y Angola.
La configuración multirracial en los extranjeros que están arribando y, que al no poder cruzar a Estados Unidos, puede apreciarse a lo largo del país. Esto sin incluir comunidades mejor organizadas como la coreana o el arribo de latinoamericanos que en los últimos años arriban de manera formal.
Cada extranjero que llega a México trae su circunstancia y con ella nuevos desafíos para el Estado; algunas razones similares a las que presentan millones de connacionales para migrar internamente. La movilidad a escala es hoy una condición mundial motivada por factores económicos, financieros, políticos e incluso tecnológicos. Para enfrentarla hay que distinguir el ingrediente discursivo de Trump de la realidad. El tema migratorio ya lo teníamos adentro cuando el nuevo Presidente estadunidense empezó a vociferar.
