17 de Marzo de 2019
¡Vaya singular entorno de violencia el que, ante la aparentemente insuficiente presencia de toda autoridad se vive desde la tarde-noche del pasado jueves en una decena de comunidades del sur de Veracruz!
En Boca del Río, lo mismo que en Jáltipan, La Tinaja, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cuitláhuac, Cosamaloapan, Acayucan, Tlalixcoyan, Río Blanco, Hueyapan, Tierra Blanca, múltiples puntos y ramales de la carretera transístmica, y más, supuestos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habrían iniciado, de creer en media docena de comunicados difundidos vía redes sociales, una suerte de “limpia” de autoridades y/o ciudadanos vinculados con actividades, lícitas o no, operadas en favor y con el apoyo de sus enemigos miembros de los Zetas o, a decir del gobierno estatal, en respuesta al aseguramiento del campamento denominado La Chincheta, donde se les incautaron vehículos, armas largas, equipo técnico y (hasta) granadas de fragmentación.
Al margen de su origen, inédita escalada ésta que se vive ahora en amplia zona del territorio veracruzano y que, guste o no, evidencia el nivel de empoderamiento y poder –operativo y de fuego, por ejemplo– alcanzado por las organizaciones del crimen organizado y, claro, el grado de corrupción y compromiso que con éstas existe en los más diversos ámbitos de gobiernos estatales y/o municipales, particularmente de altos dirigentes o elementos de los cuerpos policiales y que, obvio, impide un control adecuado del problema de violencia-inseguridad prevaleciente.
Porque, vea usted, lo que ahora ocurre en Veracruz no es privativo de ese estado, ocurre también, u ocurrió en el pasado, en el otrora pacífico Guanajuato –sede hoy del más sanguinario cártel huachicolero, encabezado por José Antonio El Marro Yépez– o, en diferente grado y manifestaciones ciertamente, en Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo y otras muchas entidades del país.
La erradicación de la violencia criminal y la inmediata restauración de la seguridad, a contrapelo de lo ofrecido en campaña, no parece estar ahora entre las prioridades de la administración federal o, menos, de los gobiernos estatales más confiados en el trabajo que en sus territorios realizan elementos de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, o de la Policía Federal, que en diseñar alternativas estratégicas viales y avanzar en la depuración/formación de sus respectivos cuerpos policiales para enfrentar el problema, que por las más diversas vías, un día sí y otro también, la sociedad nos recuerda que es el que más
le preocupa.
Apenas la pasada semana, como hoy lo es Veracruz, correspondió a Guanajuato ser el escenario de una escalada violenta y confrontación de tales dimensiones. ¿Dónde más? ¿hasta cuándo? (Son preguntas, que conste).
ASTERISCOS
* Apenas confirmarse, por parte de la Secretaría de Energía, que ¿coordina? la cuestionada Rocío Nahle, la cancelación de la Cumbre de la Alianza Energética México-Alemania, el mandamás en la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, llamó la atención sobre la pérdida de inversión, desarrollo y, obvio, confianza en el país.
* Contundente respuesta la del alcalde Armando Cabada, de Ciudad Juárez que, a contrapelo de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de cancelar todo apoyo a estancias infantiles, decidió no sólo mantener sino elevar a casi el doble el aporte municipal a los 77 Centros de Atención y Cuidado Infantil de la localidad, además de ampliar el espectro de beneficiario.
* Santiago Barroso Alfaro, periodista de San Luis Río Colorado, en Sonora, se convirtió en el cuarto profesional de la información, y quinto durante la aún joven administración sexenal, en ser privado de la vida, con violencia, por causas presuntamente imputables a su actividad. Dirigía San Luis Hoy y colaboraba en el semanario Contraseña. ¿Hasta cuándo?
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De Naturaleza Política
