23 de Octubre de 2018
Una serie de imprecisiones recorre México desde hace ya varios años, décadas dirían algunos; la batalla entre lo que está apegado a las leyes y lo que se considera fuera de ellas.
La confusión ha llegado a tal grado que hoy día el Poder Judicial, tanto en los estados como en la Federación, ya no se sabe si castiga la violación a las leyes o la pésima integración de un expediente, al grado de que la víctima tiene que ser dejada en libertad porque se le violaron sus “derechos humanos” al integrar a la que hoy llaman “carpeta de investigación” y no tanto porque no haya cometido tal o cual delito.
Es decir, ya no importa tanto si violó o no la ley, sino lo importante es calificar si el Estado integró bien el expediente. Tal realidad es producto de los niveles de corrupción que hemos alcanzado. Hoy, lo importante no está en respetar lo que los estudiosos de las leyes llaman el Estado de derecho, sino en ver la manera de cómo “darle la vuelta” a los preceptos legales para salir airoso en un juicio, aunque se sepa que el delincuente, efectivamente, violó la ley.
Y de ahí, de ese “lado oscuro” o “punto ciego” de las leyes, es en donde radica la principal molestia social en cuanto a la aplicación o no de las leyes en México.
Nos la pasamos discutiendo como sociedad si tal o cual situación está apegada al marco constitucional del país, sin caer en la cuenta de que la subjetividad nos lleva a distintos puntos de vista, la mayoría de las veces contrapuestos entre sí, sin fijarnos en que el fondo real de la situación es que hay uno o más preceptos legales que han sido violados, ya sea a nivel nacional o, incluso, internacional, por ejemplo, el asunto de la llegada de cientos de migrantes procedentes de Honduras.
En un fin de semana se expresaron centenares de opiniones respecto del asunto, pero lo esencial del problema siempre se quedó de lado. Con la corrupción de los gobernantes ha pasado lo mismo. Surgen muchas opiniones en torno de los casos (Veracruz, Chihuahua, Aguascalientes), pero al final el asunto de fondo siempre queda opacado por la estridencia de los escándalos mediáticos que ello genera.
Pero la violación a las leyes nunca se sanciona o si se hace, casi siempre es bajo un criterio muy parcial. La aplicación de las leyes se ha vuelto cosa menor porque siempre buscamos la manera de “darles la vuelta”.
De ahí que verdaderos “ejércitos” de abogados tengan mucho trabajo en la actualidad. Siempre habrá manera de “burlar” las leyes. De ahí que se consolide la opinión generalizada de que la aplicación de la justicia es únicamente para “los pobres”, que no tienen para pagar un buen despacho de especialistas.
Una vez más se confirma lo que muchos expertos del derecho han expresado: el problema no son las leyes. El principal obstáculo es que las que existen no se aplican correctamente. Con ello se pervierte el llamado Estado de derecho.
Sólo hay que mirar en nuestro entorno local o nacional para darnos cuenta de cómo esta realidad ha contribuido a la generalización de la violencia en todo el territorio nacional.
Mientras todos, sociedad y gobierno, no trabajemos por una correcta aplicación de las reglas que la mayoría de los ciudadanos hemos escogido para una convivencia pacífica y provechosa para el desarrollo nacional no vamos a
superar el estado en que hoy se encuentra el país. Así de sencillo.
