24 de Noviembre de 2018
El pasado 14 de noviembre fue presentado a la opinión pública el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Se trata de un documento que condensa la estrategia que, en esta materia, pretende seguir el próximo gobierno para buscar abatir los intolerables niveles de inseguridad que aquejan al país.
El plan está integrado por 8 ejes, los cuales consisten en: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; el pleno respeto y promoción de los derechos humanos; la regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación de las cárceles; y seguridad pública, seguridad nacional y paz.
Se ha dicho que el cambio planteado por la nueva administración no será un cambio de gobierno, sino un cambio del modelo económico y político; un tránsito del neoliberalismo a un sistema basado en una democracia participativa, en donde los más pobres serán la prioridad. Que no se tratará de una época de cambios, sino de un cambio de época.
Así, el plan establece un enfoque novedoso. Consiste en atacar de raíz la pobreza, para llevar a cabo un cambio en las condiciones marginales en las que viven millones de mexicanos, es decir, el cambio de estrategia se resume en atacar fundamentalmente las causas y en un segundo plano, las consecuencias.
Una de las acciones más significativas para abatir el problema de la inseguridad y buscar la pacificación será la creación de una Guardia Nacional, la cual estará integrada por elementos de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal. Las etapas de conformación proyectan que este cuerpo de seguridad incluya, además, el reclutamiento paulatino de miles de jóvenes.
El programa propuesto establece que se harán las reformas constitucionales y legales para que la Guardia Nacional pertenezca orgánicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual ha generado el rechazo de diferentes organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales; así como la crítica por contradecir las promesas de campaña del nuevo Presidente de la República de sacar al Ejército de las calles.
El respeto por los derechos humanos es pieza clave en la consolidación de cualquier democracia; por ello, la satisfacción y protección que el Estado haga de las libertades y derechos de las personas requieren una estrategia sólida y bien planificada.
Se puede entender que la decisión de ubicar a la Guardia Nacional en manos de militares puede resultar eficaz para el combate a la delincuencia, pero —por otra parte— plantea un riesgo frente al respeto y protección por los derechos humanos.
La capacitación de los elementos que integrarán la Guardia Nacional en esta materia será fundamental, ya que de la profesionalización de los mismos dependerá que los delincuentes no puedan seguir evadiendo sus responsabilidades penales debido a fallas al debido proceso. Porque de lo contrario, seguiremos padeciendo la impunidad, ese otro mal que tanto daño ha causado a México.
De esta decisión dependerá mucho el éxito de las políticas públicas para enfrentar el principal reclamo de la ciudadanía: recuperar la paz y la tranquilidad.
Como Corolario, la frase del político y pensador, el inmortal Mahatma Gandhi: “No hay camino para la paz, la paz es el camino”.
