05 de Mayo de 2019
El nuevo gobierno de la Ciudad de México camina tambaleándose. Busca dar pasos seguros e imponer su estilo de gestión, pero falla en cada intento, y en su premura no le importa cometer ilegalidades, las cuales busca que le enmendemos en el Congreso local.
El pasado 22 de abril entraron en vigor las llamadas fotocívicas, aquellas que reemplazan a las fotomultas para que ya no exista sanción económica y ésta sea sustituida por trabajo comunitario.
Sin embargo, el cambio establecido en el Reglamento de Tránsito es ilegal, pues que el juez cívico conmute la pena no está establecido en ninguna parte de la Ley de Cultura Cívica.
Es una grosería para el Legislativo, pero más lo es para los ciudadanos que confiaron en Morena y le dieron su voto a Claudia Sheinbaum, y que hoy fallan lanzando políticas públicas ilegales que buscan legitimar a través de un Congreso cómplice, pues su partido es mayoría.
Cualquier política pública, la que gusten y manden, para poder ser implementada requiere previamente de un marco normativo que le dé legalidad y fundamento; de lo contrario, se trata de un error de la administración pública y, en consecuencia, es ilícita. Eso es lo que está ocurriendo con las fotocívicas.
Es a tal grado que, apenas el 10 de abril, el gobierno envió al Congreso las reformas necesarias que dotarían de marco legal la propuesta de Sheinbaum, pero dicha iniciativa no ha sido aprobada, por lo que, en consecuencia, la emisión del nuevo Reglamento de Tránsito es ilegal, pues hay atribuciones que hoy no existen en la Ley de Cultura Cívica, como la conmutación de la multa por trabajo comunitario, así como el uso de un sistema tecnológico de cámaras de seguridad para este fin. El gobierno y su titular se equivocan si creen que en el Congreso enmendaremos sus errores y les confeccionaremos leyes a modo para legalizar sus pifias.
Sin embargo, hay una mayoría de Morena que está más que dispuesta a perder su dignidad para ser un tapete por el cual la Jefa de Gobierno legitime sus traspiés en el proceso legislativo.
Más allá de mantener nuestra dignidad como legisladores, se trata de no enmendar una plana al gobierno por su desaseo en la forma en la que buscan hacer política pública.
Están peor que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en sus tiempos trataba al Congreso como oficialía de partes, pero por lo menos tenían el respeto de enviar antes las iniciativas para poder emitir políticas públicas en el marco de la legalidad.
