07 de Febrero de 2019
La oposición en el Congreso, por primera vez en la Legislatura, intenta armar un bloque para frenar la Reforma Educativa que impulsa el gobierno y rescatar su alicaída presencia ante la aplastante mayoría de Morena. La discusión de la iniciativa presidencial, para cancelar y sustituir esa Reforma por una nueva ley, supondrá una prueba clave para conocer el margen de acción de las alianzas parlamentarias después de que el PRI se allanara en la Fiscalía General y la aprobación de la Guardia Nacional hasta despuntar el caer en el llamado “Primor” legislativo. Pero la presentación de una iniciativa alterna camina sobre un terreno fangoso por las dudas sobre la cohesión interna de los grupos y la fuerza para resistir la presión del Ejecutivo.
Ante la perspectiva de que se abrogue la Reforma Educativa en febrero, la oposición presentó en el Congreso una iniciativa alterna conjunta del PAN, PRI, PRD y MC, con cuyos votos sumados podrían, de entrada, impedir la reforma constitucional que se necesita para echar abajo la actual ley, que en su momento salió con el respaldo de los partidos en el Pacto por México del gobierno de Peña Nieto. La interrogante principal radica en la resistencia de las bancadas del PRI y PRD para mantenerse unidas hasta la votación o si se desfondarán para dar paso a nuevos alineamientos parlamentarios con Morena. El resultado de la maniobra, en efecto, puede ser decisivo para conocer los límites de Morena en el control de un Congreso con la oposición desdibujada por la falta de liderazgos y el rumbo perdido tras el castigo electoral de la pasada elección.
La cancelación de la Reforma Educativa es el primer cambio estructural de la era “peñista” que se apresta a desmontar la actual administración, tal como prometió López Obrador en campaña. Se trata de la “joya de la corona” de su antecesor y ahora el salto le sirve para diferenciarse del anterior gobierno y de la “partidocracia”. La cuestión es qué supondría su sustitución con el apoyo, por acción u omisión, de los partidos que la votaron, y en el caso del PRI, si perfilaría el desmarque definitivo con su último liderazgo presidencial o el pleno acercamiento con Morena, al menos de parte de su bancada. Ahí una prueba de fuego para el futuro del PRI, entre cuyos legisladores la obsecuencia parece proporcional al temor por el reclamo de cuentas pendientes. En un dilema similar está el PRD que, nuevamente, podría ser desfondado por la necesidad de Morena de alcanzar la mayoría calificada para la reforma constitucional.
En el PRI saben lo que se juegan y por ello aceptaron eliminar de la iniciativa la “obligatoriedad” de la evaluación y la “permanencia” condicionada de los maestros a los exámenes de desempeño, que el magisterio y sus sindicatos siempre rechazaron por considerarlos de carácter punitivo. A pesar de esas concesiones, la desaparición del INEE, como órgano constitucional autónomo y de la evaluación para el ingreso en la iniciativa del gobierno, plantean una ruta de colisión con la oposición difícil de superar por la vía de la negociación y el consenso, mucha más aún con los diputados de la CNTE y el SNTE que dominan la Comisión de Educación y suman más de 40 votos entre los diputados.
En efecto, el margen de negociación del gobierno, también, está acotado por el bloqueo que pueda hacer la CNTE y en su caso por el número mágico de 167 diputados que necesita agregar la oposición para detener la reforma constitucional, anotarse su primer triunfo importante frente a Morena y mandar la discusión al siguiente periodo de sesiones.
Por lo pronto, los coordinadores de oposición abrieron con un discurso conciliador al presentar su contrarreforma como un esfuerzo por complementar la iniciativa oficial, con los insumos de organizaciones civiles que han sido defensoras de la Reforma Educativa. Una estrategia de no confrontación, que tanto gobierno como oposición se juegan mucho y están poco dispuestos a ceder poco o nada.
