MADRID.
La red de amaños de partidos de tenis desmantelada por la Guardia Civil española a finales del mes de octubre se saldó con la implicación de 83 personas, de las que 15 fueron detenidas y 68 investigadas, entre ellas 28 tenistas profesionales de las categorías ITF Futures y Challenger.
La Dirección General de la Guardia Civil dio cuenta del resultado final de la operación Bitures, desarrollada a finales de octubre y por la que ingresaron en prisión incondicional por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata cinco detenidos, entre ellos el considerado como cabecilla de la trama, el tenista profesional español Marc Fornell.
Según explica la Guardia Civil, la operación se inició a raíz de la denuncia que pusieron los responsables de la Tennis Integrity Unit (TIU), organismo anticorrupción de carácter internacional responsable de velar por la integridad en el mundo del tenis.
A partir de esta denuncia, los agentes centraron su investigación sobre un tenista español y lograron desenmarañar el complejo entramado que habían tejido.
La organización criminal usurpó miles de identidades de ciudadanos con las que realizaban las apuestas, vinculando las mismas a cuentas de apostantes y monederos electrónicos donde revertían las ganancias obtenidas con el fin de enmascarar su verdadera identidad y no tributar en Hacienda por el dinero obtenido fraudulentamente.
Un grupo de individuos armenios se valían del jefe de la trama, nexo entre ellos y el resto de los miembros de la red. Una vez que lograban el soborno, los miembros de nacionalidad armenia se desplazaban a los lugares donde se disputaban los partidos con la finalidad de comprobar y asegurarse de que el tenista cumplía con lo previamente pactado, aprovechándose de su imponente corpulencia.
Asimismo, daban la orden de que se efectuasen las apuestas deportivas en diversos puntos de ámbito nacional e internacional.
Los agentes constataron que la organización venía operando al menos desde febrero de 2017, estimando que podían generar unas ganancias millonarias con la operativa descrita.
Durante la explotación de la operación se realizaron 11 registros domiciliarios simultáneos en 9 provincias españolas, en los que se intervinieron 167 mil euros en efectivo, un arma corta, prueba documental de las identidades usurpadas, más de 50 dispositivos electrónicos, ordenadores, piezas de joyería y bolsos (invertían las ganancias en objetos de lujo), numerosas tarjetas de crédito de monederos electrónicos donde acumulaban los ingresos y 5 vehículos de alta gama.
Se produjo al bloqueo e intervención de los saldos de 42 cuentas bancarias de los investigados, varios inmuebles, saldos de numerosas cuentas asociadas a monederos electrónicos donde acumulaban importantes sumas de dinero utilizando ingeniería financiera.
Los ahora detenidos transferían el dinero entre diversas cuentas para finalmente acumularlo en cuentas bajo su control, siempre bajo identidades usurpadas.
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