16 de Marzo de 2019
El Presidente no quiso hacer una presentación estelar. No le inyectó emoción particular. La tesis de estricto equilibrio presupuestal en las finanzas tranquilizó a los que temen una oleada de gasto público inflacionario. El desarrollo socioeconómico interno es la prioridad. Se promoverá el empleo y, con ello, la producción nacional que ha de protegerse. La meta nacional de crecer al 4% nadie la considera factible. Se tomó nota de que no se emprenderá otra obra pública nueva dejando otras inconclusas.
En lo internacional, fue claro su propósito de no tener conflictos con el socio al norte. López Obrador pide que ninguna potencia extranjera pretenda intervenir en nuestros asuntos. Se anuncia así un sexenio sin más interlocución con el exterior que lo que abone al crecimiento interno y la participación del país en tareas internacionales será limitada, quizás al cuidado ambiental.
En lo interno, la proa de la nave morena se confirma apuntada hacia los nuevos puertos de la Cuarta Trasformación, con sus innovadores toques místicos. La travesía la emprende el capital solo. Cuenta con una tripulación de muy variadas capacidades y ambiciones personales desconocidas.
Pero los tiempos no son seguros. López Obrador tiene que extender solidaridad y confianza a toda la nación, inspiración que recluta para la marcha ascendente. Pero en sus 100 días, AMLO no ha hecho más que clavar más hondo el clavo de la división. La cruzada contra la corrupción que corroe todo el cuerpo social la impulsa basado en una visión seccionada de la sociedad mexicana en los pocos muy ricos y los muchos pobres y la brecha divisoria.
La atención a la falta de salud o escolaridad, y capacitación para el trabajo requieren de instituciones firmes y eficientes, tripulados por personal calificado y experimentado. No se vale degradar sin distinción al nivel de corruptos a todos los individuos que han trabajado décadas enteras con probidad y eficacia desde sectores públicos y privados. Pero el primer informe trimestral es un proyectil que condena a todas las unidades de servicio social y tiene que corregirse para devolverles sus actividades y restituirles el indispensable financiamiento.
Los seguidores de López Obrador están listos para avalar ruidosamente, en las reuniones multitudinarias que congrega, toda decisión que su místico líder tome. Esa comprobada lealtad se replica en la Cámara de Diputados, que el jueves pasado aprobó arrolladoramente la revocación del mandato a todo nivel incluso, se entiende, el presidencial.
El concepto fundamental de la revocación es detener un programa de gobierno y sustituirlo con otro de signo distinto o contrario, y subyugar la marcha del país a una consulta. Ello equivale a trabar a la continuidad que se necesita para que asiente, madure y fructifique cualquier estrategia económica o social. Lo pernicioso del instrumento de la revocación a nivel presidencial es arraigar en México la infausta tradición de interrumpir toda continuidad en el esfuerzo nacional. El Senado de la República tiene la obligación patriótica de detener esta inoportuna iniciativa.
Los 100 días de López Obrador fueron muestra de lo que nos continuará ofreciendo a lo largo de su sexenio. El siguiente informe trimestral, el segundo, nos mostrará en qué medida sus decisiones y programas han respondido a las realidades a que ahora se enfrenta como jefe de la Nación. Pero, a juzgar por la forma autárquica en que se han tomado decisiones en los primeros 100 días de gestión, cualquiera observará la ausencia de democracia genuinamente participativa. El empleo de su máquina de control político en la Cámara de Diputados y la docilidad con que los miembros de su gabinete respaldan lo que les ordena hacen suponer que el régimen de López Obrador es más cercano a modelos contralizadores que el mexicano rechaza.
Los informes trimestales serán relatos de lo que el Ejecutivo ha propuesto y decidido, y los informes anuales habrán de ser simples repeticiones de lo que López Obrador, solo, le receta al país.
