09 de Marzo de 2019
Desde el pasado 1º de febrero, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue emplazada a huelga por el Sindicato Independiente de Trabajadores de esa institución (SITUAM). Miles de estudiantes se han visto afectados por la pérdida de clases desde entonces, sin que se vislumbre una pronta solución.
Se ha informado que el sindicato demanda un aumento salarial del 20%, así como la retabulación del personal de medio tiempo y parcial. Las autoridades universitarias –de acuerdo con el presupuesto que se les autorizó para este año– proponen un aumento directo del 3.35% y 4.28% al apoyo de despensa mensual.
La UAM está considerada como una de las tres instituciones de educación superior más importantes del país –tomando en cuenta su carácter público y dimensión–; y de acuerdo con sus fines estratégicos, su parálisis resulta relevante porque se ha visto obligada a suspender sus actividades académicas en perjuicio de casi 60 mil alumnos de licenciatura y posgrado, así como de más de tres mil académicos.
La conformación del SITUAM es compleja, ya que está integrado por trabajadores y académicos al mismo tiempo. Una consulta hecha a profesores de la UAM –que se publicó de manera reciente– arrojó como resultado que más del 90% de los entrevistados se encuentra a favor de dar por terminada la huelga en la universidad.
Además, en días pasados, una importante manifestación de estudiantes se pronunció en el mismo sentido: poner fin a la huelga, sin que esto afecte el desarrollo de las negociaciones entre trabajadores y autoridades.
El conflicto laboral entró en un punto muerto. Los trabajadores no ceden y las autoridades no pueden ofrecer más. La razón es que, siendo la UAM un organismo descentralizado del Estado mexicano, sus ingresos dependen del Presupuesto de Egresos que le fija la Cámara de Diputados.
De tal suerte que, cualquier negociación de aumento salarial tiene como techo presupuestal el monto fijado por el Poder Legislativo y no depende de la simple voluntad de las autoridades universitarias.
Cada día que pasa, los efectos del paro son más perjudiciales para su comunidad. Sólo por citar un ejemplo, la convocatoria para el nuevo ingreso a la licenciatura –que debía haberse publicado hace una semana– se detuvo, sin que a la fecha exista certeza de qué sucederá con ella.
Por experiencia propia sé que cuando una universidad pública entra en parálisis por una huelga –de manera larga e indefinida– los más afectados son los estudiantes de escasos recursos; porque las familias con posibilidades económicas más favorables, optan por hacer un esfuerzo y llevarse a sus hijos a instituciones privadas.
El prestigio de una universidad se construye a lo largo del tiempo y con su cimentación en una sólida base de trabajo, esfuerzo y rigor académico. Huelgas como la que padece la Universidad Autónoma Metropolitana dañan de manera incalculable la reputación institucional y la de sus egresados.
Sin descalificar las demandas de los trabajadores –que pueden ser legítimas–, debemos hacer votos para que imperen la razón y el diálogo, en lugar de la obstinación y la cerrazón.
La educación pública es el derecho social por excelencia. Representa el más importante factor de justicia y equidad social. Las autoridades federales deben impedir el debilitamiento de la UAM, por el bien de México y de sus jóvenes.
Como Corolario, las palabras del filósofo romano Marco Tulio Cicerón: “¿Qué otro regalo más grande y mejor se le puede ofrecer a la República que la educación de nuestros jóvenes?”.
