04 de Mayo de 2019
En México, el uso —y abuso— de la Constitución para tratar de establecer cambios a la realidad social mediante el empleo del derecho es una práctica habitual. Los acuerdos entre los factores reales de poder y los partidos políticos siempre requieren estar garantizados en el texto constitucional, pues la desconfianza es el estigma que caracteriza a nuestra política.
A lo largo de poco más de un siglo de vigencia de nuestra Carta Magna se ha reformado su texto en centenares de ocasiones para imponerle múltiples cambios al sistema político y a las normas que lo estructuran. Las diferentes reformas se gestan y es necesaria después la promulgación de numerosas leyes para dar sustento al actuar del gobierno.
Existen en México gran cantidad de leyes que hacen prácticamente imposible conocerlas todas. En la actualidad se encuentran vigentes 307 leyes federales, las cuales se desdoblan en otros tantos 130 reglamentos. A lo anterior habrá que sumar los acuerdos, reglas de operación, normas oficiales mexicanas, circulares, lineamientos, entre otros.
No hay que olvidar que vivimos en una federación y que hay que considerar que en cada una de las 32 entidades federativas hay un Congreso que produce un sinfín de leyes locales; y además, que en los 2 mil 457 municipios se emiten regulaciones a través de diversos ordenamientos jurídicos. Como podemos notar, el universo de legislación que compone el marco normativo en nuestro país es vastísimo.
La sobrerregulación se caracteriza por generar normas excesivas y a veces innecesarias; que en ocasiones exceden las facultades del emisor, propician un control excesivo y favorecen la concentración del poder de decisión. Lo anterior, sin mencionar aquellas normas que son inviables o difíciles de cumplir en la realidad.
El obeso y enmarañado sistema normativo mexicano propicia que el ciudadano común deje de cumplir tantas normas: a veces por simple desconocimiento, mera ignorancia o por la imposibilidad de comprender su contenido. La imposibilidad de estar al tanto de tantas leyes propicia actos de corrupción e impunidad para sortear su incumplimiento. Es decir, se privilegia la creación de la norma y no así su aplicación.
A menudo leemos en los diarios sobre la aprobación de nuevas reformas que se anuncian con bombo y platillo, pero que carecen de presupuestos y políticas públicas indispensables para su implementación exitosa.
México necesita dejar de ser emisor de leyes para convertirse en un país de un genuino Estado de derecho. Es decir, aquél donde la norma se cumpla por convicción, porque el ciudadano conoce y valora la ley. Porque, ¿de qué nos sirven tantas leyes si no son respetadas?
La sobrerregulación no sólo afecta a los ciudadanos, sino que también deteriora el buen desempeño de las instituciones públicas y sus representantes, quienes no sólo deben aplicar los múltiples ordenamientos de carácter nacional, sino también las normas internacionales que México se ha comprometido a respetar.
En la medida en que México cuente con un marco normativo más ligero, claro, coherente y lógico, será mucho más fácil conseguir su respeto y cumplimiento. Si seguimos apostando por la producción descontrolada y desordenada de leyes, nuestro país estará condenado a la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad.
Como Corolario, las palabras del historiador romano Cornelio Tácito: “Entre más corrupto es un pueblo, más leyes necesita”.
