Para activistas por los derechos de los migrantes, la medida del gobierno de Estados Unidos busca impedir la llegada de migrantes pobres.

SAN DIEGO.

El gobierno del presidente Donald Trump puso en riesgo la permanencia legal en Estados Unidos de más de 16.6 millones de mexicanos al anunciar nuevas reglas de migración.

Las medidas, que se espera entren en vigor a mediados de noviembre, establecen como motivo para negar la residencia legal que los solicitantes hayan solicitado servicios públicos en cualquier momento de su vida en Estados Unidos, incluso si fue para hijos de nacionalidad estadunidense.

El cambio de reglas afectaría a la mayoría de 16 millones 650 mil mexicanos que viven en Estados Unidos como residentes legales que todavía no solicitan la ciudadanía estadunidense, de acuerdo con cifras del Centro de Investigaciones Pew en Washington.

Los mexicanos son el más grande grupo de inmigrantes que reside de forma legal o ilegal en el país, de acuerdo con cifras tanto oficiales como extraoficiales.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, dice que el plan no declarado del gobierno de Trump con las nuevas medidas es depurar la inmigración para que sólo entren legalmente los ricos.

Bajo las nuevas medidas, si una madre de familia en algún momento solicitó servicios de salud o de asistencia alimenticia para algún hijo estadunidense, ése es ahora motivo suficiente para que se le retire la residencia legal cuando solicite su renovación, como debe hacerlo cada cinco años, o cuando solicite la ciudadanía estadunidense.

Es una forma cruel que busca pasar de residentes legales a indocumentados a millones de inmigrantes que quedarían en riesgo de deportación, aún cuando sus hijos u otros familiares sean indocumentados e incluso si carecen totalmente de antecedentes penales.

Angélica Salas dice que, con las nuevas reglas, la administración cierra las puertas a los inmigrantes de bajos recursos que han esperado por años para hacerse ciudadanos, para colocar hasta adelante de la lista de espera a los inmigrantes adinerados que nunca han tenido que solicitar servicios públicos.

Las reglas se basan en “una ampliación exagerada de una ley de 1988 que niega privilegios de migración a quienes son considerados carga pública”, es decir, que siendo extranjeros dependen de la ayuda gubernamental financiera, médica o de otro tipo.

MENOS DE LA MITAD DE LOS MEXICANOS PIDE LA CIUDADANÍA

Actualmente hay 730 mil solicitudes de residencia legal permanente pendientes, informó la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, y cerca de la mitad podrían ser de inmigrantes mexicanos que tratan de cambiar su condición migratoria de residencia legal a naturalización motivados por la agresiva política antiinmigrantes de Trump.

El Servicio informó que este es un aumento de 87 por ciento de solicitudes si se compara con el año 2015.

Sin embargo, de acuerdo con un estudio de ese mismo año elaborado por el Centro de Investigaciones Pew, los mexicanos con la residencia legal eran los menos interesados en tramitar la ciudadanía estadunidense.

El estudio dice que mientras que los inmigrantes de otras nacionalidades que son residentes legales en Estados Unidos buscan la ciudadanía estadunidense en 54 por ciento, los mexicanos lo hacen en 42 por ciento.

Una de las razones es que 22 por ciento de los mexicanos que residen en Estados Unidos piensa regresar a México.