El presidente Donald Trump ha declarado en varias ocasiones que los periodistas son enemigos del pueblo. Su intención ha sido demeritar cualquier crítica en contra de su gobierno, logrando que sus seguidores piensen que es una maquinada persecución política en contra de su Presidente. Ha popularizado el odio contra ciertos medios de comunicación, incluso incentivando a sus seguidores a que ataquen directamente a los reporteros y camarógrafos de los medios “enemigos del pueblo”, mientras cubren sus actividades presidenciales.
Por otro lado, ha legitimado la idea de que existen noticias deliberadamente falsas y fabricadas para dañarlo a él, a su mandato y a todo lo que representa.
La prevalencia de distintas versiones sobre la realidad, los acontecimientos nacionales e internacionales y sus significados son tomados por el actual mandatario estadunidense como prueba fehaciente de un complot sistemático y ordenado en su contra.
A veces hasta el número de personas en una concentración puede resultar ser el tema que provoca la ira del Presidente, acompañado de tuits explicando quiénes están detrás de semejantes afirmaciones que aparecen en medios de comunicación como verdades que él desmiente.
Trump ha utilizado las redes sociales extensamente, especialmente ha popularizado el uso de Twitter, afirmando que es su manera de hablar directamente con el pueblo, sin intermediarios. Ha acudido a las redes como ningún mandatario antes que él. Será, sin duda, parte de su legado histórico. Ese uso también le ha permitido desmentir a sus propios funcionarios, corrigiéndoles la plana con una frecuencia asombrosa.
El hecho de que el Presidente de Estados Unidos ataque a los medios de comunicación de su país y los declare enemigos del pueblo ha sido recibido con alivio por parte de muchos gobernantes autoritarios en todo el mundo.
Si Trump así piensa, han de concluir, me legitima para atacar, controlar, amenazar y, ¿por qué no?, liquidar a los periodistas y medios molestos en mi país.
Todo indica que los gobernantes del Reino de Arabia Saudita acaban de asesinar a un periodista crítico de su régimen y molesto para su país que, exiliado, vivía en Estados Unidos y escribía para The Washington Post.
Jamal Khashoggi acudió al consulado de Arabia Saudita, en Turquía, el 2 de octubre, para realizar un trámite de su pasaporte y no se le ha vuelto a ver desde entonces. Cuando entró al consulado, conectó su smart watch, vía BlueTooth, a su celular, que dejó fuera del lugar y grabó su ingreso al recinto, la conversación que tuvo con autoridades saudíes, su posterior tortura y asesinato.
Las autoridades saudíes están tranquilas porque tienen un buen acuerdo político y económico con Trump y porque, opinan, si pudiera, Trump haría lo mismo.
Si bien en México no se puede afirmar que son generalmente las autoridades quienes asesinan a periodistas —usualmente son sicarios del crimen organizado—, pero el grado de impunidad de sus asesinos resulta alarmante. Por ello, es desconcertante escuchar a las autoridades, tanto salientes como entrantes, recriminar a periodistas cuando realizan su tarea de confrontación de hechos de la realidad con los dichos de algunas autoridades.
Hay una línea muy delgada que separa las acciones de grupos delincuenciales contra periodistas y las autoridades, que poco o nada hacen para esclarecer esos casos. Y si, encima, se le califica con epíteto a los medios en general de manera negativa, la mesa está puesta para la impunidad.
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