Ciudad de México.- De acuerdo con la sexta edición del Índice de Paz México 2019 (IPM) que publica el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el nivel de paz en el país se deterioró 4.9% en 2018, registrando un retroceso en 22 estados y mejorando sólo en 10.
En los tres estados con mayores mejoras en el IPM 2019 –Baja California Sur, Sinaloa y Sonora -los gobiernos pusieron en marcha programas específicamente creados para atender los retos locales. Dichos programas incorporaron mecanismos intergubernamentales, con la participación de empresas y la sociedad civil.
La corrupción sigue siendo una gran preocupación para muchos mexicanos: en 2018 casi 70% de ellos creían que los jueces eran corruptos y más de 65% tenían la misma percepción del Ministerio Público.
La violencia afecta de diferente forma a hombres y mujeres. Es más probable que los hombres sean víctimas de homicidio, ya que fueron hombres las víctimas en nueve de cada diez homicidios, mientras que 44% de las mujeres informaron haber sufrido violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida. La violencia afecta más a los jóvenes que a los adultos, ya que la tasa de homicidios de jóvenes de entre 15 y 29 años fue 42% más alta que la de la población en general. Durante 2018, por lo menos una de cuatro víctimas de trata de personas fueron niños, niñas o adolescentes.
La inversión de México en su sistema de justicia penal aún es insuficiente, lo que deriva en que 97% de los delitos no se castiguen. Es el país de los 33 miembros de la OCDE que dedica menos presupuesto a su fuerza policial y sistema judicial, como porcentaje del PIB, y menos de la mitad que otros países de América Latina.
En 2017, los estados mexicanos registraron una mediana de 110 elementos de seguridad pública por cada 100,000 habitantes, lo que muestra la falta de recursos humanos suficientes. De acuerdo con los datos más recientes, México tiene tan sólo 3.5 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del promedio global de 16. El déficit de jueces se traduce en que menos casos vayan a los tribunales y contribuye a que haya bajas tasas de condenas.
