04 de Marzo de 2019
Pasado ya el trance de la Guardia Nacional, por lo menos en el terreno legislativo, no viene nada más importante que la nueva reforma educativa que pasa, en buena medida, por la reforma al artículo tercero constitucional, o sea, que para avanzar en ella se necesita nuevamente una mayoría calificada, es decir, de dos terceras partes de los votos, que el oficialismo, con la última defección perredista tiene en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Y en esta ocasión será más difícil lograr un respaldo similar al de la Guardia Nacional, primero, porque priistas y panistas sienten a esa reforma como suya y, segundo, porque dentro del oficialismo los grupos ligados, sobre todo la Coordinadora, quieren dar un gran paso atrás.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quiere revertir el artículo 123 B, porque su objetivo está en recuperar el control de las plazas para maestros en Oaxaca, Chiapas, partes de Guerrero y Michoacán, entre otros lugares que controlan. La propuesta es que se regrese a un esquema en el cual ellos tendrán control sobre el 50 por ciento de las plazas disponibles y las autoridades del otro 50 por ciento. Es un regreso a los peores tiempos del sindicalismo de la Coordinadora y acabar con eso fue uno de los puntos que más apoyo le dio a la reforma de Peña Nieto.
Eso han planteado ya los dirigentes de la Coordinadora en las reuniones previas que han tenido con representantes oficiales. No tienen demasiado interés en los temas de evaluación, de contenidos, de formación. Lo que quieren es el control de las plazas: algo de eso estamos viendo ya en la huelga de la UAM, donde el tema salarial ha sido dejado de lado por el sindicato y lo que ahora quiere son plazas: 400 plazas que les otorgue la institución para que las manejen ellos.
La posición del gobierno en una reunión previa de la semana pasada con la CNTE fue terminante: las plazas son una línea roja que el gobierno no cruzará. De ninguna forma regresará al esquema de otorgarle a la Coordinadora o al sindicato el manejo de las plazas. Los dirigentes de la Coordinadora amenazaron en ese encuentro con paros y movilizaciones. La respuesta fue que están en su derecho, “si quieren váyanse a paro y los esperamos en el Zócalo”. Casi todo lo demás de la reforma puede ser debatido, pero, ese tema, el de las plazas, sencillamente no es negociable. Se quedará como está.
Los dirigentes de la CNTE se levantaron de la mesa y regresaron a sus estados para decidir qué curso seguir. Pero en el gobierno están convencidos, por lo menos en el entorno del presidente López Obrador, que negociar las plazas, volver a darle a la Coordinadora y otros grupos el manejo de las plazas magisteriales, sería de un costo demasiado alto, pero, además, incompatible con los objetivos que buscan en su propia reforma educativa.
A lo que se apuesta, además, ya lo habíamos señalado hace unos pocos días ante el desafío de la termoeléctrica de Huexca, es que en estos grupos radicales, al final, se tenga que optar entre seguir en la ruta del lopezobradorismo o seguir a sus dirigentes más ultras cercanos en muchos casos a grupos armados. Deshacerse de un ala ultra no le genera costos y sí beneficios al gobierno federal. Y perder la legitimidad de la Reforma Educativa que quieren sacar adelante por un regreso tan rotundo al pasado no tiene sentido, menos aún para simplemente darle más poder a la Coordinadora, en un momento donde mucho del interés gubernamental pasa por sacar la reforma con pleno apoyo del SNTE.
ALGO HUELE A PODRIDO EN CHIHUAHUA
No, no es que nos hayamos puestos hamletianos. Estamos hablando de política y comida. La semana pasada fue el informe del gobernador Javier Corral y lo más notable de una jornada en la que nuevamente responsabilizó al pasado (cuando ya se tienen dos años y medio en el poder) de todos los problemas que aquejan a la entidad, sobre todo de la galopante inseguridad, fue que el propio gobernador utilizó durante el informe y su recorrido un chaleco antibalas que, además, le resultó imposible de ocultar. Pero más allá de eso ha llamado la atención, por ejemplo, la adjudicación de un contrato millonario para proveer de alimentos a los penales del estado a uno de los empresarios más cercanos y favorecidos durante el gobierno de César Duarte, Antonio Ortiz. Incluso esa empresa, Alimentos con Idea S.A. de C.V., no cuenta con ninguna experiencia en el ramo, pero es la nueva razón social de una empresa IFOOD México, S.A. de C.V., que se tuvo que retirar de estos negocios porque fue inhabilitada por la contraloría del DIF Nacional en 2016, por presentar documentación falsa para ganar una licitación de suministro de alimentos. Han echado a andar una estrategia, para que Alimentos con Idea a pesar de no contar con experiencia y pese al pésimo antecedente de inhabilitación de otra empresa de su corporativo, se quede con estos contratos millonarios. Por cierto, este grupo empresarial tan cercano antes a Duarte ahora es cercanísimo a Corral. Quizás por eso, el presidente López Obrador dijo en Chihuahua que respetaba a los opositores, pero no a los abyectos.
