Los medios de comunicación siguen dando cuenta de casos en los que la maternidad subrogada es el centro de atención. Hace un par de semanas se reportó el caso de una pareja de varones, con deseos de descendencia y acudieron a la madre de uno de ellos, quien fungió como madre subrogada de sus embriones, dando a luz al hijo de la pareja. Debo mencionar en este ejemplo de la vida real que el hecho de ser familiares de ninguna manera significa que no se deban articular documentos y compromisos por escrito en virtud de la seguridad necesaria para todos los involucrados, empezando por el recién nacido, que requiere garantía absoluta en cuanto a sus cuidados, respeto absoluto a todos sus derechos humanos, incluyendo una familia, salud, educación, y un ambiente propicio para su desarrollo, independientemente de las condiciones en las que nazca.
También la “abuela-madre” debe tener absoluta certeza de que se le otorgarán cuidados médicos óptimos en el curso de la gestación y el parto. Finalmente, también debe existir compromiso absoluto por parte de ella en el sentido de ceder la patria potestad a la pareja enla que forma parte su hijo. Finalmente, el grupo médico a cargo de todo el proceso, desde la obtención, conservación de gametos y embriones, así como el obstetra al que se le confíen el cuidado de la gestación y el nacimiento debe tener tranquilidad en cuanto al uso de recursos para propiciar, en la medida de lo humanamente posible, el mejor desenlace del embarazo. El escenario, si bien complejo, cabe dentro de los derechos humanos fundamentales y, por supuesto, la prohibición no conduce más que a la clandestinidad, como seguramente está ocurriendo en México, acompañada de los peores desenlaces posibles. Por supuesto sería necio negar que existe la posibilidad de abuso de personas poderosas sobre gente desvalida, pero exactamente una regulación que permita la vigilancia estrecha de casa fase del proceso, así como las mejores condiciones en términos de respeto hacia todos y todas los personajes, definiendo su papel específico y sus derechos es un asunto urgente que debemos afrontar como sociedad. No caben argumentos discriminatorios o ideológicos de ningún tipo; basta apreciar el fenómeno en los términos más nobles para concluir la necesidad de la urgente regulación que menciono. Se deben modificar varias leyes y muchos reglamentos; espero que los legisladores del partido en el poder, actúen bien y rápido para otorgarle a la sociedad certeza en este campo por completo desamparado por los gobiernos previos.
Tomemos el ejemplo de la Gran Bretaña que articuló un comité construido con científicos, abogados, médicos y personajes relevantes en la filosofía, que detentan el poder para autorizar centros de atención y procedimientos específicos. Ojalá podamos progresar.
