SSPC acepta recomendaciones de Derechos Humanos. Foto: Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO
Con el objeto de atender de manera integral dos recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos derivadas de hechos suscitados en 2013 y 2015 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana las aceptó y, ratifica la disposición de contribuir para esclarecer los hechos y lograr la reparación integral del daño a las víctimas en coordinación con otras instancias públicas.
La recomendación 84/2018, originada por actos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos del Servicio de Protección Federal en el mes de junio de 2013, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, determinando dicha Comisión violaciones a la integridad personal de la víctima en virtud de haber sido lesionada por arma de fuego.
Asimismo, la recomendación 85/2018, derivada de violaciones a Derechos Humanos en el mes de junio de 2015, en el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, como consecuencia de actos relacionados con elementos de la Policía Federal, dando como resultado personas lesionadas y una persona que perdió la vida.
A efecto de atender dichas recomendaciones, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño ha instruido colaborar ampliamente con el organismo nacional protector de los Derechos Humanos a fin de realizar las investigaciones en contra de los elementos que participaron en dichos actos y aportar al Órgano Interno de Control del Servicio de Protección Federal y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, las pruebas y elementos necesarios para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.
De igual forma, dio instrucciones tanto al Comisionado del Servicio de Protección Federal, como al Comisionado General de la Policía Federal, con la finalidad de llevar a cabo las acciones destinadas para dar cumplimiento al protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza y en materia de derechos humanos.
Asimismo, se aportarán los elementos al Ministerio Público para la debida integración de las indagatorias relacionadas con los hechos.
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