10 de Marzo de 2019
El esquema democrático precisa que dicho diálogo acontezca en un plano de sinceridad, que el diálogo entre las instituciones públicas y la ciudadanía (ya sea a título individual o colectivo) ocurra entre el “individuo y el Estado”, pero en un tono más cercano y cordial.
Invocando el pasado de nuestras tradiciones prehispánicas, el trueque sirve perfectamente a esta intención, dado que es un intercambio en el que las partes entregan de buena fe artículos, favoreciendo una correspondencia benéfica para ambos. Así debe ser el diálogo entre el Estado y la ciudadanía.
En democracia debe haber discusión pública sobre lo público para que por ningún motivo se impongan silencios asfixiantes o gritos despóticos en detrimento de la comunicación que debe animar todo el entendimiento público. En un régimen autocrático no existe un diálogo entre el individuo y el Estado. Ahí sólo ocurren monólogos del mandamás. La transición mexicana a la democracia iniciada en 1977 comenzó con señales evidentes a la búsqueda de ir lentamente a construir un entorno favorable en el que el ciudadano se animara a dialogar con las instituciones públicas. Dialogar con la autoridad pública es un ejercicio de afirmación ciudadana. Cuando inició ese experimento, los primeros intercambios fueron balbuceos, un ir y venir de monosílabos (sí o no). La maduración democrática reclama hábitos que, en el trance de arraigarse, implican severos aprendizajes.
Lo primero es superar la infancia democrática, eso significa dejar atrás el temor reverencial con el que se mira desde muy abajo al mandatario y a su séquito de colaboradores, que congela a los ciudadanos y los reduce a súbditos mudos ante el imperante, instalados en una contemplación acrítica.
Hablar con el Estado y sus agentes implica disolver esa atmósfera en la que sólo cabe la voz del que cree que manda; en democracia, la conciencia cívica agiganta al ciudadano, que conversa con la autoridad pública en planos de cierta horizontalidad.
Resulta inevitable un monitoreo o registro en torno a esos parlamentos. Me refiero a los intercambios de información que nutren esos diálogos aislados entre el ciudadano y la autoridad, mismos que provocan, en paralelo, un intenso intercambio de palabras entre las instituciones públicas, a eso debemos llamarle en su completa dimensión: una conversación pública.
Habrá que cuidar también la calidad de esos informes y reportes entre las burocracias que giran en torno a la reclamación de acciones públicas y, específicamente, de reclamos informativos por parte de una ciudadanía alerta que exige la verdad sobre lo público. El derecho a saber de la ciudadanía exige que se pueda medir la disposición de las autoridades para que al ciudadano lleguen siempre de parte del Estado las palabras precisas, los datos ciertos y exactos que hubieran sido el motivo de toda esta conversación pública.
El Inai ha iniciado contactos con la nueva administración pública federal para muy diversos objetivos. Lo mismo hemos acordado reimpulsar el Sistema Nacional de Anticorrupción y el próximo 26 de marzo se regenerará el compromiso de la Alianza para el Gobierno Abierto, fruto de un diálogo fecundo con la Secretaría de la Función Pública, así también tenemos una importante agenda con la Secretaría de Gobernación, entre otros retos: la definición de la metodología para hacer públicos los archivos del Cisen.
Seguramente, la nueva era deberá demostrar que la conversación pública deberá hacerse más intensa y extensa y, en ese importante proceso, el Inai renueva su intención de servir de agente propicio y útil.
Comisionado presidente del Inai
Twitter: @f_javier_acuna
